Treinta empresas en la entidad han sido sancionadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) debido a que violaron diversas disposiciones y normas ambientales vigentes durante los primeros ocho meses del 2012 o porque no cumplían con los permisos necesarios para su operación.

Eduardo Aubry de Castro Palomino, titular de la dependencia, informó que se han abierto mil 200 expedientes por concepto de denuncias ciudadanas que son investigadas y otras más han sido canalizadas a las dependencias federales correspondientes.

Abordado al término de la inauguración de la rehabilitación de 13 kilómetros de tubería de agua potable en la congregación de Jicacal, el funcionario estatal, resaltó que la mayor cantidad de denuncias corresponden a la operación ilegal de tiraderos a cielo abierto, las cuales son competencia de los ayuntamientos.

Mencionó que en lo que va del año se han recibido 255 denuncias por descargas ilegales de aguas residuales, 34 contra desarrollos inmobiliarios, 50 por generación de residuos sólidos, 25 contra Petróleos Mexicanos (Pemex), 117 por emisiones a la atmósfera, 230 por tiraderos clandestinos a cielo abierto, 8 de basureros municipales, 5 contra rellenos sanitarios, 40 por tráfico de flora y fauna, 32 de materiales no peligrosos y 38 por tala clandestina.

Además, se han captado 20 denuncias por ruido excesivo en diversos municipios, 80 por criaderos clandestinos, 38 por recursos naturales mal empleados y 60 contra tiendas de autoservicio.

Desde su creación a principios de la administración estatal, la PMA ha recibido cerca de dos mil denuncias, ha aplicado decenas de sanciones económicas que alcanzan los 20 mil salarios mínimos e inclusive ha llegado a clausurar empresas como la alcoholera de Orizaba.

De Castro Palomino aseguró que cada denuncia ciudadana se investiga hasta definir si el caso amerita alguna acción preventiva, sanción, clausura temporal o definitiva. También confirmó que se han exigido medidas preventivas a empresas así como la remediación de daños causados en los últimos dos años.

El funcionario que acudió en calidad de representante del gobernador Javier Duarte de Ochoa instaló un módulo para captar denuncias ciudadanas en la comunidad de Jicacal.